La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucionales varias disposiciones clave de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que se implementó en 2020 para enfrentar la crisis económica derivada del COVID-19. Específicamente, la Corte dejó sin efecto normas que regulaban los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo y algunos aspectos del contrato especial emergente.
¿Qué disposiciones se declararon inconstitucionales?
Artículo 16: Permitía modificar las condiciones económicas de la relación laboral por mutuo acuerdo entre trabajador y empleador.
Artículo 17 (primer inciso): Establecía sanciones para quienes incumplieran los acuerdos de preservación de empleo.
Artículo 18: Definía las condiciones mínimas para que los acuerdos de preservación de empleo fueran válidos.
Artículo 19 (penúltimo inciso): Eliminó la frase “o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador”, lo que afecta la regulación sobre la finalización del contrato especial emergente.
¿Por qué la Corte tomó esta decisión?
La Corte consideró que estas normas vulneraban derechos fundamentales del ámbito laboral, principalmente:
Estabilidad en el empleo: La posibilidad de modificar condiciones laborales por mutuo acuerdo podría haber debilitado la protección de los trabajadores.
Irrenunciabilidad de los derechos laborales: La Corte interpretó que los acuerdos de preservación del empleo podían permitir la renuncia a derechos adquiridos.
¿Qué cambia para los empleadores?
El contrato especial emergente sigue vigente, pero su aplicación debe estar justificada, por ejemplo, en casos de inversión, ampliación de negocios o nuevas líneas de producción.
Si el empleador decide terminar unilateralmente un contrato emergente, debe pagar indemnización por despido intempestivo, junto con otros beneficios laborales según el Código de Trabajo.
Impacto de la decisión
Para los trabajadores: La sentencia refuerza la protección de sus derechos y evita posibles abusos en la relación laboral.
Para los empleadores: Genera incertidumbre y puede hacer que la contratación sea más rígida, lo que podría afectar la generación de empleo en sectores que requieren flexibilidad.
Finalmente, la Corte sugirió que la Asamblea Nacional revise la Ley de Apoyo Humanitario y realice modificaciones para equilibrar la protección de los trabajadores con las necesidades económicas del país.
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