El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicado en mayo de este año, tenía como objetivo principal coordinar los esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas para fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, con la reforma introducida mediante el Decreto Ejecutivo No. 451, se otorgan a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mayores facultades para intervenir en aquellos casos relacionados con actividades económicas que puedan comprometer la seguridad pública.
En este informe detallamos los cambios que otorgan a la UAFE una mayor capacidad para supervisar las actividades económicas, especialmente aquellas vinculadas a sectores de alto riesgo. Las nuevas disposiciones no solo incrementan la vigilancia de las operaciones financieras, sino que también incluyen la posibilidad de sancionar a las empresas que no cumplan con los requerimientos establecidos.
Este enfoque más riguroso afecta directamente a las empresas, que deben estar preparadas para cumplir con las nuevas normativas y gestionar adecuadamente los riesgos financieros y de seguridad para evitar consecuencias legales.
Cambios Principales
Ampliación de la capacidad de intervención: La UAFE ahora cuenta con la facultad de supervisar de manera más directa las operaciones económicas que representen riesgos para la seguridad pública, lo que incluye la posibilidad de solicitar información financiera detallada a entidades y personas vinculadas a estas actividades.
Investigaciones ampliadas: Las nuevas disposiciones permiten a la UAFE colaborar de manera más estrecha con otras instituciones para detectar, analizar e informar sobre operaciones sospechosas de ilícitos financieros.
Consideraciones para las Empresas
Con la implementación de estas reformas, la UAFE podrá activar mecanismos de supervisión más rigurosos, que podrían incluir:
Solicitudes de información: Requerimientos específicos sobre operaciones financieras que involucren a empresas y personas en sectores considerados de alto riesgo.
Mayor escrutinio de transacciones: Evaluación de actividades económicas que, aunque legítimas, puedan ser consideradas riesgosas según los nuevos criterios establecidos.
Sanciones por incumplimiento: La falta de respuesta adecuada a las solicitudes de la UAFE o el incumplimiento de los lineamientos establecidos podría resultar en la imposición de sanciones administrativas o penales.
Recomendaciones
En este contexto, sugerimos las siguientes acciones:
Evaluar los procedimientos internos: Asegúrese de que los sistemas de control y cumplimiento estén completamente alineados con la normativa vigente.
Fortalecer las capacidades internas: Capacite a su personal en la gestión de requerimientos normativos y en la identificación y prevención de riesgos potenciales.
Si su empresa necesita apoyo en la implementación de estas recomendaciones, podemos ayudarle a garantizar que sus procesos estén alineados con las nuevas regulaciones y a fortalecer sus capacidades internas para mitigar cualquier riesgo potencial. Contáctenos para más detalles sobre cómo podemos asistirle en este proceso: info@lmzabogados.com
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