La Procuraduría General del Estado (PGE) ha emitido un pronunciamiento clave (publicada en el Registro Oficial - Tercer Suplemento No. 719, de 10 de enero de 2025, Oficio PGE No. 09298 de 06-11-2024) que redefine el marco regulatorio del sector minero en Ecuador. Estas nuevas directrices refuerzan la gestión tributaria, la trazabilidad de recursos minerales y los procesos de exportación, impactando directamente a empresas mineras, comercializadores y titulares de concesiones.
El pronunciamiento abarca a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Provinciales y al sector minero:
GAD Provinciales: Uso de bonos del Estado en contribuciones especiales para impulsar infraestructura pública.
Sector Minero: Regulación de actividades y fortalecimiento del control sobre la recaudación de regalías.
Exportación de Minerales: Mejora en certificación y exportación, garantizando cumplimiento legal y ambiental.
Directrices Principales
Entre las principales directrices se encuentran:
Uso de Bonos del Estado: Los GAD Provinciales pueden aceptar bonos del Estado como forma de pago en procesos coactivos relacionados con contribuciones especiales por obras públicas. Esto permite mayor flexibilidad financiera y fomenta la ejecución de proyectos locales.
Cumplimiento Tributario El pronunciamiento subraya la importancia de que los titulares de derechos mineros:
Cumplan con sus obligaciones tributarias, incluyendo la correcta declaración y pago de regalías.
Mantengan actualizados los registros tributarios y societarios.
Exportación de Minerales: Se refuerzan las regulaciones para garantizar:
La trazabilidad de los recursos desde su extracción hasta su comercialización.
El cumplimiento de estándares técnicos mediante análisis de pureza y registro de inspecciones.
La certificación de exportaciones, que ahora exige el uso de firmas electrónicas y documentación estandarizada..
Impacto en el Sector Minero
Cumplimiento Tributario
Se establece un marco para garantizar que los titulares de derechos mineros:
Declaren y paguen regalías de manera adecuada.
Mantengan actualizados sus registros tributarios y societarios.
Cumplan con reportes regulares al Servicio de Rentas Internas (SRI), incluyendo auto-retenciones y declaraciones correspondientes.
Trazabilidad y Transparencia
Se implementan mecanismos para garantizar la trazabilidad de los recursos minerales desde su origen hasta su comercialización, lo que permite evitar irregularidades y proteger los ingresos del Estado.
Emisión de Certificación de Exportaciones
El proceso de certificación de minerales exportados será más riguroso, exigiendo:
Requisitos técnicos como análisis de pureza
Registro de inspecciones
Uso de firmas electrónicas por parte de los titulareS
Sostenibilidad Social y Ambiental
El pronunciamiento subraya la importancia de minimizar los impactos negativos de las actividades mineras y cumplir compromisos sociales para garantizar la sostenibilidad.
Beneficios para el Sector
Flexibilidad Financiera: Facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los GAD y actores del sector minero.
Mayor Control: Optimiza los procesos administrativos, promoviendo la eficiencia y la transparencia en la gestión de recursos.
Desarrollo Local: Asegura el reintegro de recursos al territorio mediante la ejecución de proyectos de infraestructura financiados con ingresos mineros.
Retos para el Sector
Adaptación Tecnológica: Las empresas deberán invertir en sistemas de rastreo y herramientas electrónicas para certificación.
Capacitación del Personal: Será esencial preparar a los equipos para implementar estas regulaciones de forma eficaz.
Supervisión Reforzada: Se requerirá mayor diligencia en los controles internos para cumplir con las nuevas exigencias legales.
Conclusión
El pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado refuerza el marco jurídico y administrativo para la gestión tributaria de los GAD y la regulación del sector minero. Estas medidas no solo fomentan el cumplimiento normativo, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible y al fortalecimiento del tejido económico y social del país.
Para los actores del sector minero, cumplir con estas regulaciones no solo evita sanciones, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento y fortalecimiento reputacional.
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